El Ministerio Público dominicano ha presentado en la justicia detalles de una investigación por presuntos actos de corrupción vinculados al Seguro Nacional de Salud conocido como Senasa en el que el empresario Eduardo Read Estrella y otras nueve personas están implicados en un esquema que habría permitido recibir pagos por más de siete mil millones de pesos por contratos y adendas con la entidad estatal entre agosto de 2020 y agosto de 2025 Según la solicitud de medida de coerción presentada ante un tribunal El caso forma parte de lo que las autoridades han denominado Operación Cobra y ha generado un intenso escrutinio público sobre la gestión de los recursos de la ARS que cubre al 70 por ciento de la población dominicana
El expediente señala que las cifras pagadas a las empresas vinculadas a Read incluyen montos distribuidos entre tres razones sociales Khersum SRL Deleste SRL y Farmacard SRL que fungían como prestadoras de servicios de salud dentro de los programas contratados por Senasa bajo un modelo de pago capitado sin controles efectivos de fiscalización que permitan verificar la ejecución real de los servicios contratados
Entre esas razones sociales Khersum SRL propiedad de Read habría recibido casi cuatro mil millones de pesos por contratos con la ARS según el Ministerio Público y la auditoría forense revela indicios de irregularidades contractuales fallas técnicas y posibles actos fraudulentos que vulnerarían las normativas legales sobre contratación pública
El órgano acusador también ha señalado que el entonces director de Senasa Santiago Marcelo Hazim Albainy presuntamente favoreció a estas empresas mediante la suscripción de contratos sin mecanismos de supervisión eficaces ni criterios técnicos claros para la selección de proveedores y beneficiarios de los programas de atención médica
De acuerdo con el expediente la falta de controles llevó a pagos mensuales por montos fijos por servicios como telemedicina sin evidencias objetivas de que tales servicios se prestaron efectivamente a la población afiliada lo que generó un impacto financiero significativo en la sostenibilidad de la ARS y en la calidad de los servicios de salud pública
Las autoridades también han imputado a Hazim y otros implicados beneficios directos derivados de ese entramado como sobornos que según la investigación ascenderían a más de mil seiscientos millones de pesos canalizados a través de empresas intermediarias y en efectivo lo que forma parte de las pruebas aportadas en la solicitud de coerción
El caso ha llevado a que los imputados se encuentren detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia en Ciudad Nueva mientras se conoce la medida de coerción que incluye solicitudes de prisión preventiva por parte del Ministerio Público y la calificación del expediente como complejo por su magnitud
La Procuraduría General de la República ha manifestado su compromiso con que todos los que resulten responsables por el uso indebido de recursos destinados a la salud de la población sean sometidos a la justicia y ha advertido que se investigarán posibles vínculos adicionales mientras se amplía la investigación
Sectores sociales y políticos han reaccionado al caso señalando que el presunto desfalco afecta la confianza en las instituciones públicas y la percepción sobre la transparencia en la gestión de fondos destinados a la atención de millones de dominicanos vulnerables cubiertos por el sistema de salud estatal
El desarrollo de este proceso judicial será observado de cerca por la opinión pública dado que involucra sumas millonarias recursos estatales y la participación de altos funcionarios y empresarios en un presunto esquema de corrupción que podría tener implicaciones profundas en la administración pública dominican
